Saúl Hernández 
Una jueza federal detuvo temporalmente la orden del Gobierno de Trump que prohibía a Harvard matricular estudiantes internacionales, tras una demanda presentada por la universidad.
Harvard denunció que la medida era una represalia por su negativa a entregar registros de conducta de estudiantes extranjeros y por resistirse a presiones ideológicas del gobierno sobre su plan de estudios y políticas internas. La jueza Allison Burroughs consideró que la universidad tenía fundamentos legales para frenar la acción del Departamento de Seguridad Nacional.
La decisión, impulsada por la secretaria Kristi Noem, amenazaba con afectar a más del 27% de la matrícula de Harvard, compuesta por estudiantes de más de 140 países. La universidad calificó la medida como “ilegal” y advirtió que pondría en riesgo su excelencia académica y diversidad global.
La Casa Blanca defendió la decisión, acusando a Harvard de convertirse en “un semillero de agitadores” y sosteniendo que la matrícula internacional “es un privilegio, no un derecho”.
Con este fallo, Harvard mantiene, por ahora, su capacidad de recibir estudiantes internacionales mientras continúa la batalla legal.
