Saúl Hernández 
El caso que marcó al barbosismo revive tras la absolución de 10 policías acusados por la muerte de tres pobladores indígenas
POR JORGE CASTILLO
Coyomeapan nunca volvió a ser el mismo después de 2021.
Enclavado en la Sierra Negra de Puebla, el municipio pasó de ser un conflicto postelectoral más a convertirse en uno de los episodios más delicados del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Lo que comenzó como una disputa política terminó con carreteras tomadas, denuncias de persecución, presencia policial permanente, enfrentamientos armados y tres personas muertas en un operativo estatal que hasta hoy sigue marcado por acusaciones de impunidad.
El nombre de Coyomeapan volvió a sacudir la discusión pública esta semana, luego de que un Tribunal de Enjuiciamiento absolviera y ordenara la liberación de los 10 policías estatales acusados por los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022.
La resolución reabrió heridas que en realidad nunca cerraron.
El origen del conflicto
La crisis comenzó tras las elecciones municipales de 2021 cuándo y abitantes y grupos opositores desconocieron el triunfo de la familia Celestino Rosas, señalando presuntas irregularidades y acusando cacicazgo político en el municipio.
Las protestas crecieron rápidamente. Pobladores instalaron bloqueos, tomaron carreteras y exigieron la intervención del gobierno estatal.
Del otro lado, las autoridades defendían la legalidad de las elecciones y denunciaban actos fuera de la ley por parte de manifestantes.
En ese momento, la Secretaría de Gobernación estatal se convirtió en el centro de la operación política para contener el conflicto.
Aunque oficialmente Julio Huerta Gómez ocupaba entonces cargos como subsecretario y posteriormente secretario de Gobernación, dentro del gobierno estatal era identificado como uno de los hombres de mayor confianza de su primo Miguel Barbosa y uno de los principales operadores políticos del régimen barbosista.
En Coyomeapan, su nombre comenzó a aparecer constantemente en discursos de inconformidad, asambleas y denuncias públicas.
El operativo que terminó en tragedia
La madrugada del 9 de mayo de 2022 marcó el punto más crítico del conflicto.
Un grupo de pobladores se movilizaba sobre la carretera Zoquitlán-Coyomeapan cuando ocurrió un enfrentamiento con policías estatales. El saldo fue de tres personas muertas: los hermanos David y Abundio Hernández y el menor José Martínez Sánchez.
Las imágenes y testimonios se difundieron rápidamente. Habitantes acusaron una agresión directa por parte de elementos estatales y denunciaron una “ejecución” de pobladores indígenas.
La indignación escaló a nivel nacional, mientras el gobierno estatal sostenía que los policías habían sido atacados, organizaciones sociales y familiares exigían castigo para los responsables materiales y también para quienes ordenaron el operativo.
El caso se convirtió en uno de los mayores costos políticos para la administración de Miguel Barbosa.
La presión sobre Gobernación
Con el paso de los meses, las críticas comenzaron a enfocarse no sólo en los policías detenidos, sino en la estructura política que operó el conflicto.
Pobladores, activistas y actores políticos señalaron directamente a la Secretaría de Gobernación estatal por el manejo del caso y por presuntas omisiones para resolver el conflicto antes de que escalara a violencia.
Julio Huerta quedó en medio de esos señalamientos.
Aunque nunca fue acusado formalmente por autoridades ministeriales, grupos de Coyomeapan insistieron durante años en que las decisiones políticas del gobierno estatal pasaban por Gobernación y por el círculo más cercano a Barbosa.
La entonces diputada federal Inés Parra Juárez fue una de las voces que más presionó públicamente al gobierno estatal, acusando represión contra comunidades indígenas y exigiendo investigar responsabilidades políticas.
La recomendación de Derechos Humanos
En 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación en la que concluyó que existió una “ejecución deliberada” durante el operativo.
La resolución reforzó la narrativa de organizaciones y familiares de las víctimas, quienes acusaban uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales.
Diez elementos fueron detenidos y procesados por homicidio calificado, tentativa de homicidio y otros delitos relacionados con el operativo.
Durante casi cuatro años permanecieron presos. Pero el caso dio un giro en mayo de 2026.
La absolución
Entre el 25 y 27 de mayo de 2026 se confirmó la absolución y liberación de los 10 policías estatales.
El Tribunal consideró insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado para sostener las acusaciones.
La decisión detonó nuevas protestas e inconformidades en Coyomeapan.
Familiares y organizaciones acusaron que el caso quedó en impunidad y reclamaron que nunca se investigó a posibles autores intelectuales ni a mandos superiores.
El Movimiento de Autogestión Social Campesina Indígena Popular (MASCIP) sostuvo que las responsabilidades políticas siguen intactas y que ningún funcionario del antiguo gobierno estatal enfrentó consecuencias.
El regreso de Julio Huerta
La liberación de los policías volvió a colocar a Julio Huerta en la conversación pública.
El ahora diputado federal declaró recientemente que no existe ninguna denuncia penal en su contra por el caso Coyomeapan y aseguró que durante su paso por Gobernación se instruyó no intervenir directamente en el conflicto político del municipio.
Sin embargo, las críticas no desaparecieron, cuando este jueves durante entrevistas con medios de comunicación, Huerta protagonizó un momento de tensión con periodistas que lo cuestionaron sobre Coyomeapan y sobre su papel dentro del gobierno barbosista.
Videos y publicaciones del intercambio circularon ampliamente en redes sociales y reactivaron el debate sobre las responsabilidades políticas detrás del conflicto.
No se olvida
A cuatro años de los hechos, Coyomeapan sigue siendo una herida abierta.
Las víctimas continúan sin una sentencia condenatoria, los policías fueron liberados y los señalamientos políticos permanecen vigentes.
El caso dejó de ser únicamente un expediente judicial hace tiempo.
Hoy es también uno de los capítulos más incómodos que persiguen al extinto barbosismo.
