Saúl Hernández 
La intervención del gobierno del estado, con el secretario Samuel Aguilar Pala a la cabeza despejó el panorama en Acatlán de Osorio.
Dejó al descubierto un panorama de chantaje y extorsión por parte de los regidores, quienes trataban de someter a su voluntad a alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
No solo exigían mejorar sus ingresos vía nómina, con un sueldo de alrededor de 40 mil pesos mensuales, sino que prácticamente buscaban hacerse del control del manejo económico del Ayuntamiento.
El chantaje que pretendían concretar los regidores, incluía prebendas como el pago, por parte del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, de comidas, viajes, vales de gasolina y otras compensaciones de diversa índole.
La alcaldesa Bárcenas no tuvo empacho en denunciar de manera directa las pretensiones de los regidores golpistas, cuyo desempeño a partir de ya quedará bajo el escrutinio permanente de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado.
Al margen, surgió información de que algunos de los regidores golpistas podrían tener vínculos con un grupo delictivo que opera en la región.
En esencia los regidores intentaban chantajear a la alcaldesa Bárcenas, para disponer a sus anchas de los recursos del erario municipal.
Lo quedó claro, en este caso es el chantaje al que pretendían someter a la presidenta municipal Guadalupe Lucero Barcenas y la determinación con la que actuó para denunciar los hechos, con total transparencia ante la autoridad estatal.
Un mensaje que deben tomar en cuenta todos los ediles del Estado que pueden enfrentar una problemática similar.
Como una acción adicional, en el plano de la seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tomó el control de ese rubro en Acatlán de Osorio.
