Saúl Hernández 
POR JORGE CASTILLO
El coordinador del gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra puso sobre la mesa un ejercicio que puede resultar incómodo para muchos, pero tal vez necesario.
Sobre todo, para el gremio periodístico que vive uno de los momentos donde la credibilidad cae fácilmente ante los embates de las redes sociales.
El Gobierno de Puebla anunció que, cada semana, responderá lo que considere información falsa o imprecisa publicada en medios de comunicación.
“Derecho de Réplica” le llamó.
Lo hará, dice, con documentos, estadísticas y datos oficiales.
García Parra dejó un mensaje que no pasó desapercibido: no habrá persecución contra periodistas ni medios de comunicación.
Antes, los gobiernos enviaban cartas aclaratorias por temas que señalaban no estaban bien informados.
Pero ahora, hubo cerrazón de algunos medios de publicar dichas aclaratorias y nombró por ejemplo a TV Azteca.
Y ya lo hemos comentado en este espacio, ante el desaseo en el trabajo periodístico, vienen las aclaraciones.
Pero si no aclaras, ya hay dolo.
Ahora, si el programa Derecho de Réplica termina convirtiéndose en un espacio para contrastar información con pruebas, bienvenido.
Nadie puede estar en contra de que los datos se confronten.
El periodismo serio vive de eso.
Quienes ejercemos el oficio con rigor, sabemos que una nota se sostiene con documentos, testimonios y evidencias.
Si una autoridad demuestra que una información es incorrecta, el periodista tiene la obligación de corregir.
Así de simple.
El problema no es el derecho de réplica.
El problema siempre ha sido el mal periodismo y ese dolo político con intereses oscuros.
Ese que publica versiones sin confirmar, convierte rumores en encabezados, que confunde opinión con información o que privilegia el clic sobre la verificación.
Ese periodismo no le hace daño al gobierno; le hace daño al oficio.
Por eso este nuevo ejercicio también representa un desafío para el gremio.
Obliga a revisar datos, a documentar mejor, a blindar cada publicación y a entender que hoy cualquier información puede ser contrastada en tiempo real.
No tendría por qué incomodar a quien hace bien su trabajo.
Al contrario.
Puede ser una oportunidad para elevar el nivel del periodismo y debate público.
Pero el reto no es exclusivo de los medios.
También lo tiene el gobierno.
Hasta ahora, José Luis García Parra ha sido cuidadoso al establecer una diferencia entre una investigación periodística y una mentira deliberada.
Incluso reconoció que cuando un medio documenta posibles actos de corrupción o irregularidades, esa información ayuda al propio gobierno.
Ese matiz importa, sin persecución y sin censura.
Y debe mantenerse.
Tiempo al tiempo.
