Saúl Hernández 
*La Fiscalía General del Estado investiga presuntos actos de corrupción y desvío de recursos. Ocho de los expedientes se abrieron en el último semestre, poniendo a prueba la rendición de cuentas del municipio.
POR MANUEL FLORES
El gabinete del presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre Amaro, atraviesa por una severa crisis de credibilidad y un riguroso escrutinio judicial. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene en curso una serie de investigaciones que apuntan directamente a la cúpula de su actual administración.
Los registros oficiales revelan que las autoridades ministeriales han integrado trece carpetas de investigación contra diversos servidores públicos del ayuntamiento. Estas acciones legales responden a múltiples denuncias formales por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones institucionales.
El repunte de las denuncias ministeriales
Las indagatorias judiciales no representan casos aislados, sino un patrón que ha cobrado fuerza con el paso de los meses. Los expedientes legales se centran principalmente en señalamientos por actos de corrupción, desvío de recursos públicos y graves irregularidades administrativas.
La estadística oficial refleja un aumento preocupante de posibles ilícitos en la recta reciente del gobierno municipal. De acuerdo con los datos de la fiscalía estatal, ocho de las trece carpetas de investigación mencionadas se iniciaron tan solo durante el último semestre.
La situación jurídica de los funcionarios se complicó aún más a mediados de este año. Los reportes confirman que, únicamente en el mes de junio de 2026, se abrieron dos nuevos procesos de investigación para deslindar responsabilidades penales y administrativas.
La sombra de la opacidad sobre el Ayuntamiento
Este volumen de denuncias formales representa un duro revés para la imagen gubernamental en Coronango. La constante acumulación de carpetas coloca en tela de juicio la probidad de quienes hoy manejan el presupuesto y las decisiones clave de la demarcación.
En paralelo, el desempeño de Armando Aguirre Amaro queda fuertemente cuestionado ante la opinión pública. La ciudadanía demanda absoluta transparencia y la intervención de las autoridades estatales frente a los posibles escenarios de saqueo al erario local.
Corresponderá a la Fiscalía General del Estado profundizar en las pesquisas ministeriales para determinar el grado de culpabilidad de los involucrados. Mientras la justicia avanza y desahoga las pruebas, el peso de las sospechas mantiene fracturada la confianza entre la sociedad y sus gobernantes.
