Saúl Hernández 
PUEBLA HOY / POR FERNANDO HOYOS
Claudia Sheinbaum enfrenta una de las decisiones más delicadas de su naciente gobierno: aplicar la ley en el caso de Rubén Rocha Moya o alinearse con la línea política que emana desde “el rancho llamado La Chingada”.
La instrucción que dejó López Obrador parece clara: resistir la presión de Estados Unidos, aguantar el embate —incluso una eventual escalada— y cerrar filas bajo la narrativa de un pueblo unido. Sin embargo, esa unidad hoy muestra grietas evidentes.
Ni los gobernadores de Morena ni amplios sectores de la población han salido a respaldar al mandatario sinaloense con licencia. Prueba de ello es el fallido intento de desplegado: varios mandatarios estatales evitaron firmarlo, conscientes del costo político y personal, incluida la posibilidad de perder su visa estadounidense.
El mensaje desde Washington tampoco admite ambigüedades. No se trata solo de Rocha Moya. Versiones apuntan a una lista de más de 40 personajes bajo la lupa. Si cae uno, podría detonarse un efecto dominó que arrastre a decenas de presuntos vínculos entre política y crimen organizado.
El impacto sería devastador para Morena: no solo en imagen, sino en credibilidad institucional.
Mientras tanto, Donald Trump capitaliza el momento, ya subio tres puntos su popularidad. El tema le ha servido para recuperar terreno tras tropiezos en política exterior, como su reciente manejo del conflicto con Irán. Y no se detendrá ahí: en un año electoral, su estrategia apunta a endurecer el discurso contra el narcotráfico… y ahora también contra narco políticos mexicanos.
No sería la primera vez. En su anterior mandato, Trump convirtió la “guerra contra el narco” en bandera política. Hoy, ese guion podría escalar incluso a escenarios más agresivos. Aunque suene extremo, no se descarta una acción directa para capturar objetivos considerados prioritarios.
Así, el margen de maniobra de Sheinbaum se reduce a dos rutas: colaborar con la justicia estadounidense y entregar a Rocha Moya, o protegerlo, ganar tiempo y sostener la narrativa de soberanía, aun a costa de tensar la relación bilateral.
La presión no es menor. Morena atraviesa su mayor crisis política internacional en casi ocho años de gobierno. Y esta vez no son filtraciones ni rumores: existe una acusación formal en una corte federal de Nueva York, firmada por el fiscal Jay Clayton, con órdenes de arresto en curso.
En ese contexto, no solo Rocha Moya está en la mira. También aparecen nombres como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador Enrique Inzunza; y otros siete funcionarios vinculados al área de seguridad en Sinaloa.
Estados Unidos ha cambiado las reglas del juego: ya no persigue únicamente a capos, sino a las estructuras políticas que presuntamente los protegen.
Los 92 narcotraficantes entregados por México no han sido suficientes. El objetivo ahora es más profundo: desarticular las redes de complicidad en el poder.
Como advirtió el exministro Arturo Zaldívar, al solicitar licencia, Rocha Moya perdió el fuero. Ya no hay inmunidad procesal. El blindaje jurídico se desvanece y, con nuevas pruebas, incluso la presunción de inocencia podría erosionarse.
A sus 76 años, el gobernador con licencia parece políticamente contra las cuerdas. Y en los pasillos del poder comienza a escucharse la pregunta incómoda: ¿quién sigue?
La escena recuerda —inevitablemente— a la última cena: “¿seré yo?”. La incertidumbre se instala en Morena.
Por ello, la presidenta Sheinbaum necesita acelerar definiciones. No solo por justicia, sino por estrategia. El desenlace del caso Rocha Moya puede marcar el rumbo de la relación con Estados Unidos, incluyendo temas clave como la revisión del T-MEC.
El tiempo corre. Y en política, las decisiones que se postergan suelen convertirse en mayores crisis.
Gracias.
Si Dios nos deja nos vemos, cuando nos leamos…
