Saúl Hernández 
Especial
El líder del gabinete refirió que las indagatorias iniciadas por el gobierno estatal son independientes a las que llevará a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera por instrucción de la presidenta de México.
POR FERNANDO HOYOS
El gobierno de Puebla, a través de la Consejería Jurídica, investiga el posible desvío de fondos de la Fundación Mary Street Jenkins en Puebla hacia paraísos fiscales, confirmó el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra.
Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera atraer el caso.
Durante la conferencia de prensa del gobernador de Puebla, informó que la fundación poseía un patrimonio de alrededor de 14 mil millones de pesos y como parte de su manejo hay observaciones de transferencias o traslados de fondos hacia paraísos fiscales, razón por la que desde hace seis meses la administración estatal inició investigaciones por instrucción del mandatario Alejandro Armenta Mier.
“Es un tema entre particulares, hay que dejarlo en claro, es un tema que se da entre integrantes de la propia Fundación y que el gobierno del estado está dando un acompañamiento y seguimiento para esclarecer esta situación. En su momento se podrá compartir información conforme vayan avanzando las investigaciones y desde luego sin entorpecer el proceso judicial”, declaró.
El líder del gabinete refirió que las indagatorias iniciadas por el gobierno estatal son independientes a las que llevará a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera por instrucción de la presidenta de México.
Este 4 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que pediría a la UIF revisar el tema, ante la presunción de que la Fundación habría incurrido en un mal manejo de recursos, a pesar de que su vocación debía ser la beneficencia pública en Puebla.
Hay que recordar, durante la gestión del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se abrió un proceso legal con el objetivo de recuperar el patrimonio de la Fundación, mismo que derivó en la toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), como parte de los bienes de los Jenkins.
Tras ocho meses de litigio, la familia Jenkins recuperó el campus ubicado en San Andrés Cholula en febrero de 2022 y así se puso fin a la intervención que había tenido el estado en el caso.
