Saúl Hernández 
Con pleno respeto al proceso legislativo y sin vulnerar el derecho de manifestación de los opositores, la reforma al Poder Judicial avanzó el primero de los tres tramos que deberá concretar para ser publicada antes de que culmine el mes de septiembre.
Esto es aún como parte de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en los hechos corresponderá a Claudia Sheinbaum como presidenta en funciones, a partir del 1 de octubre concretarla, en el primer tramo de su sexenio.
En concreto, luego de ser discutida tanto en lo general como en lo particular, la reforma al Poder Judicial fue aprobada por los legisladores la 4T, en la Cámara de Diputados.
Ahora pasará al Senado para su eventual aprobación y de ahí, una vez avalada, a los Congresos estatales, y cuando sea aprobada por al menos 18 legislaturas locales, será promulgada y entrará en vigor.
Al momento, en términos generales los principales cambios serían los siguientes, aunque su aplicación sería gradual y comenzaría a mediados del 2025.
La elección de jueces y magistrados por voto directo de la población lo que requerirá de la realización de un proceso de promoción y elección. Una acción que cancela la denominada carrera judicial que se aplica desde hace tres décadas.
Se modificaría el artículo 95 de la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los miembros de la Sala Superior y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean elegidos por votación libre, directa y secreta, para ejercer el cargo por un periodo de 12 años, en lugar de los 15 actuales.
En 2025 se celebraría la elección para renovar esos cargos y quienes los ocupan en la actualidad podrían postularse.
Los aspirantes deberán contar con título de licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8 y 9 en las materias relacionadas con el cargo, así como contar con el menos cinco años de experiencia en la campo jurídico.
Se integraría un comité de evaluación conformado por cinco personas reconocidas en el ámbito jurídico, para analizar las candidaturas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encargaría del proceso, incluida la emisión de constancias de mayoría.
Además, se modificará el tercer párrafo del Artículo 94 de la Constitución para reducir de 11 a 9 el número de ministros de la SCJN.
La presidencia de la SCJN se renovará cada dos años de manera rotativa, esto de acuerdo con el número de votos obtenidos en la elección.
Se eliminan las dos salas de la SCJN, y solo habrá sesiones del Pleno con carácter público, a fin de garantizar su transparencia.
Las pensiones vitalicias para los ministros actuales y futuros se eliminan.
El Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Se crearán los denominados jueces sin rostro, enfocados a casos relacionados con el crimen organizado.
En cuanto a las percepciones económicas se establece que los jueces y magistrados no tendrían ingresos superiores a los del titular del Poder Ejecutivo en turno, tal y como ya lo mandata la Constitución.
Por el momento, solo hay que esperar a que la reforma en los términos planteados sea avalada por el Senado y en su momento por los Congresos estatales, amén de esperar los tiempos y procedimientos que se establecerán para su aplicación.
