• 1 de marzo de 2024

«Es una injusticia, son chicos de bien»: madre y tía de jóvenes detenidos hace un mes en Puebla

“Uno cree en la justicia, pero esta no llega, y yo ya estoy perdiendo las esperanzas, esto es una injusticia, ellos son chicos de bien, estudian la licenciatura en Derecho y a pesar de las pruebas, dicen que, como el señor este, Z-46, tiene el ‘dedo puesto’, mi hijo y sobrino tampoco van a salir. De verdad, pido a las autoridades poblanas que estudien bien el caso”, con la voz entrecortada, narró Cristina, madre de uno de los jóvenes detenidos el pasado 20 de diciembre en las inmediaciones del penal de San Miguel, donde también fue capturado el hermano del líder delincuencial Juan N, alias “El Moco”.

A un mes de los hechos, la madre de Luis Fernando N, de 23 años y tía de Zahid N, de 19 -ambos aprehendidos y encarcelados junto con cuatro sujetos más-, señaló que han tocado varias puertas para pedir ayuda, incluso ya interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pero ni eso los ha ayudado para que los dos jóvenes, que subrayó, fueron inculpados por policías estatales de Puebla, obtengan su libertad.

En entrevista telefónica para El Sol de Puebla, Cristina explicó que su hijo Luis Fernando y su sobrino Zahid son originarios de Ecatepec, Estado de México; ambos son estudiantes de la licenciatura en Derecho en San Miguel Balderas; el primero cursa el segundo cuatrimestre y el segundo el séptimo cuatrimestre.

Ante la pandemia y al no haber clases presenciales, los jóvenes decidieron meterse a un bufete jurídico para tener más experiencia; después de tomar un caso en Puebla, viajaban con frecuencia del Estado de México a la capital poblana.

De acuerdo con la entrevistada, el pasado 20 de diciembre, los primos acudieron a las inmediaciones del penal de San Miguel, donde verían a una clienta, la cual, tras salir de su visita conyugal, les entregaría unos documentos firmados, sin embargo, en ese momento fueron detenidos.

“Nos comentan que hubo un retén por parte de sujetos vestidos de civiles y con la pistola por fuera, pensaron que eran rateros y que les iban a quitar el automóvil, por eso aceleraron y después ya vieron una patrulla afuera del estacionamiento del penal, en ese momento los retuvieron, los golpearon y se los llevaron. La clienta a la que iban a ver se comunicó con el encargado del bufete para decirle que no habían llegado los chicos, dijo que hubo un retén en la zona y empezamos a buscarlos, no contestaban las llamadas, pero aparecían en línea en WhatsApp, entonces levantamos una denuncia por desaparición forzada, es así como los ubicamos en C5”, narró la madre de Luis Fernando.

La declarante destacó que en la última audiencia en la que todos los detenidos fueron vinculados a proceso, los abogados de su hijo y de su sobrino presentaron diversas pruebas, desde credenciales de la escuela, boletas de pago y cartas de referencias de jueces del Estado de México que los conocen, pero ni eso, ni las inconsistencias en la carpeta de investigación 2661/2020, fueron suficientes para que los jóvenes salieran libres.

“A mi hijo y a mi sobrino los inculparon, a Luis le sembraron un arma de fuego y a mi sobrino narcóticos, incluso dijeron que Zahid manejaba el auto, un estándar, pero resulta que mi sobrino solo sabe manejar automático. Ese día cuando los vincularon a proceso, el señor este que no sé cómo se llama, pero le dicen el Z-46, se me quedó muy grabado, ya sabía que los iban a dejar en libertad, tan así que prepararon otra orden para reaprehenderlos, pero al final los vincularon a proceso”, acotó la entrevistada.

Cristina confesó que a pesar de que su familia no tiene una buena situación económica y el trabajo con el que cuentan lo tienen que cuidar, deben viajar de manera frecuente a Puebla para vigilar el caso de su hijo y de su sobrino. Tras asegurar que estos son inocentes y que ella como madre si supiera que su hijo está involucrado en cosas ilícitas no lo defendería, pues sabe que son personas de bien y que solo quieren estudiar, la madre de familia pidió al gobernador del estado y a las autoridades correspondientes, que revisen el caso.

Por ahora deberán esperar a finales de enero o de febrero para conocer cómo irá avanzando el proceso jurídico.

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The Puebla Times