Saúl Hernández 
PUEBLA HOY / POR FERNANDO HOYOS
El debate sobre los derechos de las audiencias en México no es nuevo.
Nació con las reformas constitucionales de 2013, sufrió un duro revés en 2017 y hoy recobra fuerza en la agenda pública.
Tras años de un complejo limbo regulatorio, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones busca poner orden. En este escenario, la naciente Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso sobre la mesa un nuevo proyecto.
La propuesta encendió de inmediato las alarmas en un sector del gremio periodístico. Los nuevos lineamientos exigen a los concesionarios no difundir información «falsa» o «descontextualizada».
Para algunos comunicadores, la medida huele a censura disfrazada de ética institucional. Temen que el Estado se convierta en juez y parte, aplicando multas de hasta el uno por ciento de sus ingresos.
Ya existe la percepción ciudada; que al final el gobierno tendrá que valorar seriamente la posibilidad de reformular su iniciativa, ya que no se ha debatido y no hay concensos a favor, más bien las voces del pueblo mexicano están al 2 a 1.
Se habla también que en el mes septiembre, podría regularse la inteligencia artificial y plataformas digitales, lo que también podrá manejarse como otro tema de censura.
Sin embargo, es vital analizar el fondo de la política pública sin caer en la paranoia. La propuesta impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no plantea, en absoluto, una censura previa.
La verdadera esencia de esta medida es empoderar al ciudadano de a pie. Se trata de otorgarle a la audiencia una herramienta real y jurídica para defenderse ante los desaciertos mediáticos.
El mecanismo diseñado es claro y apuesta por la autorregulación como primer paso. Las quejas ciudadanas llegarán primero al «defensor de las audiencias» que cada medio de comunicación deberá nombrar.
Este paso fomenta un diálogo directo y permite corregir el error en casa. Solo si el medio ignora el reclamo y vulnera al ciudadano, entonces intervendrá la autoridad de la CRT.
Lejos de un tinte autoritario, se respeta el derecho de las empresas a dar su postura. Estos lineamientos no son un capricho del poder; obedecen fielmente al artículo 6 de nuestra Constitución.
La audiencia merece respeto absoluto y claridad frente a los contenidos que consume. Quienes ejercemos el periodismo estamos obligados a diferenciar, sin trampas, cuándo damos una noticia y cuándo emitimos una opinión.
Garantizar el derecho de réplica no debilita a la prensa, fortalece nuestra democracia. Las frecuencias son concesiones públicas y jamás deben usarse para erosionar la vida nacional con desinformación.
Ojalá así lo entendiera TV Azteca que trae una campaña al 100 en contra de la 4T y obliga al gobierno actuar, pero pasa a traer a todos los medios de comunicación.
Gracias.
Si Dios nos deja.
Nos vemo cuando nos leamos…
