Saúl Hernández 
Cerca de 400 trabajadores de los consulados de México en Estados Unidos enfrentan la posible pérdida de sus empleos y de su estatus migratorio debido al vencimiento de las visas A-2, utilizadas por personal contratado para desempeñar funciones oficiales en representaciones diplomáticas.
La situación podría afectar la operación de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense, donde estos empleados atienden diariamente solicitudes de pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, credenciales para votar y otros trámites esenciales para la comunidad migrante.
El problema golpea principalmente a trabajadores con décadas de servicio que construyeron su vida en Estados Unidos y que ahora podrían verse obligados a regresar a México o permanecer sin documentos una vez que expire su permiso migratorio.
Uno de los casos es el de Rosa Elvira, quien suma alrededor de 40 años laborando en el Consulado de México en Los Ángeles. Su último día de trabajo está programado para el 21 de agosto, mientras que su visa vencerá el próximo verano.
La trabajadora advirtió que, en caso de permanecer en Estados Unidos después del vencimiento del documento, quedaría sin empleo y en condición migratoria irregular. Por ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que se le permita continuar en su puesto, al menos hasta diciembre.
De 1,700 empleados a solo 400
Hace aproximadamente una década, alrededor de 1,700 trabajadores consulares contaban con visas A-2 de vigencia indefinida, sujetas a renovaciones anuales gestionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este personal es identificado como Prestadores de Servicios Profesionales Independientes y durante años asumió buena parte de la carga administrativa dentro de los consulados.
Sin embargo, en 2016 el Gobierno de Estados Unidos modificó las condiciones de estos permisos, limitó su vigencia a cinco años y eliminó la posibilidad de renovarlos de manera indefinida.
Desde entonces, México ha negociado extensiones temporales para evitar la salida inmediata de los empleados. Pese a estas gestiones, la plantilla con este tipo de visa se redujo a cerca de 400 personas, menos de una cuarta parte de la cifra original.
Familias enteras podrían quedar separadas
El impacto no se limita al terreno laboral. Muchos de estos empleados tienen hijos, parejas, viviendas y una vida construida durante décadas en Estados Unidos.
Algunos extrabajadores incluso habrían optado por permanecer en el país sin documentos después de perder su visa, ante la dificultad de regresar a México y comenzar nuevamente.
El Departamento de Estado estadounidense sostiene que las visas A-2 son temporales y únicamente permiten realizar actividades oficiales en representación de un gobierno extranjero, por lo que no fueron creadas para que sus titulares establezcan residencia permanente.
Cancillería busca evitar una salida masiva
El canciller Roberto Velasco calificó el escenario como una situación compleja y aseguró que el Gobierno mexicano continuará buscando soluciones mediante negociaciones diplomáticas y medidas administrativas.
También señaló que, en caso de que algunos empleados deban regresar a México, la Secretaría de Relaciones Exteriores analizaría posibles alternativas laborales.
Las conversaciones ocurren en medio de una etapa de tensión entre ambos países y de una revisión estadounidense sobre la operación de los consulados mexicanos. Autoridades de Washington han señalado una presunta intervención mexicana en asuntos electorales, acusación rechazada por el Gobierno de México.
Años de trabajo sin certeza laboral
Además del problema migratorio, el caso exhibe las condiciones laborales bajo las que estos empleados trabajaron durante décadas.
De acuerdo con testimonios citados en el caso, el esquema permitió mantener salarios reducidos, prestaciones limitadas y un reconocimiento mínimo de la antigüedad, pese a que los trabajadores desempeñaban funciones fundamentales.
Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se analizó la posibilidad de incorporarlos formalmente a la nómina de la Cancillería. Sin embargo, la propuesta no se concretó.
Mientras avanzan las negociaciones, cientos de empleados permanecen en incertidumbre. La pérdida de sus visas no solo amenaza sus empleos y la estabilidad de sus familias, sino que también podría debilitar la atención consular para millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
