Saúl Hernández 
PUEBLA HOY / POR FERNANDO HOYOS
Desde el arranque de la nueva era de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, la política migratoria de Estados Unidos ha endurecido su rostro. En apenas 14 meses, más de 600 mil migrantes han sido deportados. De ellos, el 40 por ciento son mexicanos: alrededor de 240 mil casos.
La cifra no sólo es fría estadística. Es el reflejo de una maquinaria que opera a ritmo acelerado. En distintos momentos del año, las detenciones han superado el millar diario. Hoy, el promedio ronda las mil 318 personas detenidas cada día.
El excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, advierte que el asedio ha alcanzado niveles extremos. Habla de operativos con características paramilitares y de una agresividad que deja de lado cualquier consideración humanitaria.
Los reportes internacionales refuerzan esa lectura. Desde julio de 2025, agentes del ICE —muchos de ellos enmascarados— han disparado al menos en 16 ocasiones contra civiles durante operativos y protestas.
El saldo es alarmante. Desde enero de 2025, al menos ocho personas han muerto por disparos de agentes migratorios. A ello se suman 32 fallecimientos bajo custodia. Todo en un contexto de expansión operativa y crecientes cuestionamientos por el uso de la fuerza.
Pero la estrategia va más allá. El Departamento de Seguridad Interna ha comenzado a adquirir almacenes para convertirlos en “megacárceles”, con capacidad para 90 mil detenidos. Actualmente, mantiene bajo resguardo a cerca de 70 mil migrantes: una cifra sin precedente desde su creación en 2002.
En ese escenario, los migrantes mexicanos —los que “se la rifan” todos los días— enfrentan una realidad brutal. No sienten lo duro, sino lo tupido. Las redadas continúan sin tregua y apuntan, en su mayoría, a personas sin estatus migratorio.
El impacto es devastador. Las deportaciones generan miedo, incertidumbre y, sobre todo, desintegración familiar. Separan matrimonios, rompen hogares y dejan a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Conviene recordar que el fenómeno migratorio no es nuevo. Desde la década de 1970 comenzó el gran éxodo hacia el vecino del norte. Miles de mexicanos partieron en busca del llamado “sueño americano” y del ansiado dólar. Hoy, medio siglo después, esa historia se repite con tintes más duros.
Las redadas no distinguen. No importa si se trata de mujeres, adultos mayores o incluso menores de edad. Tampoco si se detiene a ciudadanos estadounidenses con rasgos asociados a un estereotipo racial.
La niñez migrante tampoco está a salvo. Casos como el de Liam evidencian una realidad preocupante. Más de 400 niñas y niños han sido detenidos, en abierta tensión con el Acuerdo Flores, que establece estándares para su protección.
En el discurso político, especialmente de cara a las elecciones intermedias de noviembre, legisladores republicanos insisten en que las deportaciones apuntan a “criminales”. Sin embargo, la realidad contradice esa narrativa.
Hoy, quien no tiene papeles es objetivo. Sin matices. Sin excepciones.
Las cuotas lo explican todo: hasta 3 mil detenciones diarias. El resultado es claro: cada vez más personas sin antecedentes penales terminan detenidas.
Ante ese panorama, muchos migrantes han optado por tomar medidas desesperadas. Otorgan poderes legales a familiares o conocidos para vender sus bienes. Saben que, si son deportados y nadie reclama sus propiedades, estas pueden quedar en manos de las autoridades estadounidenses.
Así, la política migratoria no sólo expulsa personas. También despoja historias, rompe familias y arrasa con patrimonios.
Y mientras las cifras siguen creciendo, la pregunta de fondo permanece: ¿hasta dónde llegará esta política antes de que el costo humano sea irreversible?
Gracias.
Y si Dios nos deja nos vemos cuando nos leamos…
