Saúl Hernández 
POR MANUEL FLORES
El asesinato del matrimonio Tello Ruiz destapó una trama que apunta a funcionarios y familiares del círculo cercano de la gobernadora Lorena Cuéllar. En Puebla crece la indignación y la sospecha de encubrimiento.
El homicidio del matrimonio Tello Ruiz dejó de ser un caso criminal ordinario. Hoy es un escándalo político que amenaza con sacudir a la cúpula del poder en Tlaxcala.
Las indagatorias, filtraciones y peritajes judiciales apuntan a personas vinculadas con el inmueble donde los esposos fueron citados por última vez, antes de ser trasladados al municipio poblano de Chignahuapan, donde finalmente fueron hallados sin vida.
La gravedad del caso no radica sólo en el crimen. Lo que indigna es la red de nombres que aparece en la investigación.
Entre los presuntos involucrados figuran Fabricio Mena, secretario de Turismo y cuñado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; Francisco “Paquito” Santillán, sobrino de la mandataria e hijo de Mónica Cuéllar; y Fernanda Espinosa de los Monteros, hija de la titular del Ejecutivo estatal.
También aparece Alejandro Atilano, secretario técnico de la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal y subalterno directo de Espinosa de los Monteros.
De acuerdo con las indagatorias, Alejandro N habría sido quien recibió a los esposos en Tlaxcala, después de que desayunaran en la zona. Su papel —según los testimonios— era guiarlos hacia un lugar donde supuestamente sostendrían una reunión con su jefa, quien mantenía negocios con el contador Tello y con Christian N, conocido como “El Bau”.
Ese punto de encuentro habría sido un inmueble ubicado en Avenida Gasoducto número 22, en Atlahapa.
Desde ese sitio, según las primeras líneas de investigación, el matrimonio habría sido privado de la libertad y obligado a abordar otro vehículo.
Pero el caso no sólo apunta a personas. También a un lugar cargado de simbolismo político.
De acuerdo con una publicación del medio digital El Tlachiquero Tlaxcala, firmada por el “Tlachi Reportero” el pasado 9 de marzo, el inmueble donde desaparecieron los esposos no es una propiedad cualquiera.
Vecinos y actores políticos lo identifican como el “cuartel de guerra” de la campaña electoral de Morena que llevó a Lorena Cuéllar a la gubernatura.
Ahí —según la publicación— se almacenaron y distribuyeron propaganda, despensas y utilitarios durante el proceso electoral.
Hoy, lejos de permanecer como una simple casa, el inmueble funciona como una pieza logística del gobierno estatal.
Desde ese lugar se coordinan —según la denuncia— el reparto de desayunos escolares fríos para escuelas públicas y suministros destinados a los Centros de Reinserción Social.
Es decir, un espacio ligado al aparato gubernamental.
Y ahí, precisamente ahí, desapareció el matrimonio Tello.
Frente a estos indicios, el silencio oficial resulta ensordecedor.
La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, encabezada por Ernestina Carro, mantiene prácticamente blindada la carpeta de investigación. La información ha sido restringida y el gobierno estatal ha levantado un cerco informativo que impide conocer avances reales del caso.
Mientras tanto, las fiscalías de Puebla y Tlaxcala parecen jugar a pasarse la responsabilidad, como si el caso fuera una papa caliente.
Pero los hechos son claros.
Los cuerpos fueron encontrados en Chignahuapan, territorio poblano. Y eso coloca a la Fiscalía de Puebla, encabezada por Idamis Pastor, ante una obligación ineludible: transparentar la investigación y esclarecer dónde se cometió realmente el doble crimen.
La sociedad poblana no puede aceptar medias verdades.
Ni mucho menos tolerar que el expediente termine archivado para proteger a personajes cercanos al poder.
Porque hoy el temor crece: que exista un pacto de silencio para dar carpetazo al caso y blindar a la poderosa familia política que gobierna Tlaxcala.
Si eso ocurre, el mensaje sería devastador.
Que en el llamado “Señorío tlaxcalteca” la justicia tiene apellido… y también tiene límites.
Por eso la indignación crece en Puebla.
Porque más allá de la frontera entre estados, lo que está en juego es algo mucho más grave: que un doble homicidio no quede impune por razones políticas.
