Saúl Hernández 
Empresarios y exfuncionarios que participaron en un esquema de fraude mediante contratos no liquidados y litigios irregulares, serán objeto de acciones penales promovidas por la administración estatal.
Así lo anticipó el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, quien agregó que contratos y litigios irregulares habrían sido estructurados de manera sistemática y podrían configurar delitos de delincuencia organizada.
Explicó que desde el inicio de la administración, se detectaron más de 100 demandas derivadas de contratos heredados de gobiernos anteriores, algunos con una antigüedad de hasta 20 años, cuyos montos, valores y condiciones son variables, pero que en conjunto representan miles de millones de pesos que generan riesgo para el erario estatal.
Sin embargo, precisó que hay diez casos relevantes, que concentran un impacto económico aproximado de 3 mil 500 millones de pesos.
Expresó “Varían en los montos, los valores, las características, las condiciones, que implicarían miles de millones de pesos. Específicamente, hay 10 que son los más relevantes. Estos 10 litigios que tenemos con la Consejería Jurídica, estaríamos hablando, más o menos, de 3 mil 500 millones de pesos que tendría que erogar el Gobierno de Puebla para finiquitar estas supuestas deudas”.
Agregó que de ellos tres cuentan con sentencias emitidas en los años 2013, 2015 y 2023, por un monto cercano a los 1 mil 100 millones de pesos.
Al momento en coordinación con la Consejería Jurídica del estado, dijo, se realiza un análisis jurídico y financiero de los tres casos, para conciliar el tema de los intereses y buscar acuerdos que permitan cumplir con las resoluciones sin generar una afectación severa a las finanzas públicas.
Por otra parte, García Parra que se identificó un modus operandi en el que empresas y funcionarios avalaron obras complementarias inexistentes, conceptos fuera de catálogo y trabajos que nunca fueron ejecutados, pero sí fueron incluidos en las demandas, lo que infló de manera artificial los montos reclamados.
De ahí que se estén integrando expedientes para proceder por la vía penal contra socios de empresas que, de acuerdo con la información recabada, están vinculadas entre sí y habrían actuado de forma reiterada para defraudar al Estado, mediante esquemas en los que participaron más de tres personas con conductas sistemáticas.
