Saúl Hernández 
Especial
*García Parra precisó que la Ley Antimoche, cuya presentación está prevista después de mayo de 2026, buscará erradicar los sobornos en la contratación de obras y servicios gubernamentales. La iniciativa plantea que las empresas beneficiadas con contratos estatales reinviertan parte de sus recursos en los municipios donde ejecutan los proyectos.
POR FERNANDO HOYOS
El funcionario subrayó que la intención es prevenir tanto la corrupción de servidores públicos como la entrega de incentivos ilegales por parte de empresarios para obtener contratos. Al mismo tiempo, dijo, se pretende generar un esquema en el que el sector privado pueda invertir, obtener ganancias legítimas y contribuir al interés público.
En este sentido, la Ley Antimilpa complementará el enfoque anticorrupción al establecer mecanismos de corresponsabilidad social, de modo que las compañías contratistas participen activamente en el desarrollo local y en el fortalecimiento de las comunidades donde operan.
Transparencia en el notariado
En paralelo, García Parra informó que el Ejecutivo también impulsará una nueva Ley del Notariado, cuyo propósito será modernizar los procesos, elevar los estándares de control y garantizar mayor transparencia en la función notarial.
De acuerdo con el coordinador del Gabinete, esta reforma responde a la necesidad de reforzar la certeza jurídica y la confianza ciudadana en un sector clave para la legalidad de actos patrimoniales y administrativos.
Contexto y alcance
El anuncio se da en un contexto nacional y estatal donde el combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales demandas ciudadanas. Diversos análisis coinciden en que la transparencia en la obra pública y la rendición de cuentas son factores determinantes para el desarrollo regional.
García Parra sostuvo que estas iniciativas buscan sentar bases legales más sólidas para prevenir irregularidades, fortalecer la ética pública y asegurar que los recursos estatales generen beneficios directos para Puebla y sus municipios.
