Saúl Hernández 
*La exfuncionaria del gobierno de Miguel Barbosa fue declarada responsable de desvío de recursos y abuso de funciones; deberá pagar más de 362 millones de pesos.
POR FERNANDO HOYOS
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de Puebla sancionó a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, con una inhabilitación de 20 años y una multa millonaria, por su participación en la inversión fallida de 604 millones de pesos en Accendo Banco, realizada durante la administración del fallecido Miguel Barbosa Huerta.
La resolución determinó que Castro Corro fue “plenamente responsable” de desvío de recursos y abuso de funciones, ambas consideradas faltas administrativas graves. Por ello, deberá pagar una indemnización de 362 millones 997 mil 678 pesos y quedará impedida para ocupar cualquier cargo público hasta el año 2045.
Única sancionada por el caso Accendo
Hasta ahora, Castro Corro es la única funcionaria sancionada por el caso Accendo Banco, tras las inversiones realizadas por el gobierno poblano en 2021, cuyo monto —más de 604 millones de pesos— no ha sido recuperado.
De acuerdo con la sentencia correspondiente al expediente 134/2024-PRA-SERA-2, fechada el 30 de septiembre de 2025, las inversiones causaron un “perjuicio económico jurídico al Estado y daño al patrimonio público”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones superiores a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en casos de daño patrimonial. En este sentido, la multa impuesta equivale al 60 por ciento del monto perdido.
La resolución fue aprobada por unanimidad por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, integrantes de la Sala Especializada del Poder Judicial local.
Armenta promete no impunidad
El 25 de junio de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier advirtió que no habrá omisión ni encubrimiento en torno a las investigaciones del caso Accendo, “sin importar el partido de los gobiernos anteriores”, en referencia a la administración barbosista.
Un caso que se intentó ocultar
Durante el primer trimestre de 2021, pese a las advertencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los riesgos de capitalización, el gobierno estatal transfirió los recursos a Accendo Banco buscando rendimientos financieros.
El 29 de septiembre de 2021, la CNBV revocó la licencia de operación de la institución y declaró su liquidación, dejando al gobierno de Puebla entre los acreedores. Sin embargo, el caso salió a la luz pública hasta 2023, cuando el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ordenó una investigación.
Sin fecha para recuperar los recursos
La deuda total de Accendo asciende a 5 mil 840 millones de pesos, con 407 acreedores. Entre ellos, destacan los gobiernos de Morelos, con 807 millones 128 mil pesos, y de Puebla, con 604 millones 996 mil pesos.
La Secretaría de Finanzas poblana figura en el lugar 219 en la lista de prelación, lo que significa que antes deberán liquidarse otros créditos, como los laborales, por lo que la recuperación del dinero público aún no tiene fecha.
