The Puebla Times 
La Auditoria Superior del Estado de Puebla, a realizar su labor cotidiana, detectó eventuales irregularidades durante la gestión de Verónica Vélez Macuil como vocera y titular de la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital, en la gestión de Miguel Barbosa Huerta como gobernador de Puebla.
En general se trata de un eventual daño patrimonial por alrededor de 26 millones de pesos.
De ahí que el diputado de Morena, Roberto Zataráin Leal, busque que Verónica Vélez Macuil comparezca ante el Congreso de Puebla, para que rinda cuentas.
En concretó exhortará a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que Verónica Vélez aclare las presuntas irregularidades que se detectaron, al fiscalizar sus informes.
Las presuntas irregularidades corresponden al ejercicio 2022, y ascienden a 25.8 millones de pesos.
En su informe la ASE indica que se pagaron 1.2 millones de pesos en un estudio relacionado con el consumo de noticias entre las familias poblanas.
Apunta que falta la documentación para comprobar la compra de artículos de limpieza por la cantidad de 456 mil pesos, y 119 mil pesos sobre material de papelería y relacionado con fotocopias.
Asimismo, se tiene que aclarar el pago de más de un millón de pesos, por un software VIP, esto debido a que faltan documentos que acrediten la forma en que se realizó la adquisición y si el programa se utilizó de manera óptima.
Por lo que hace a la adquisición de las licencias de software, se indica que fueron 25, por lo que cada una tuvo un costo de alrededor de 41 mil 673 pesos, lo que en el fondo podría representar un costo mayor al ofertado en el mercado.
Ante estas observaciones, de acuerdo a la normativa vigente, Vélez Macuil tiene 30 días para entregar toda la información requerida y comprobatoria, a fin de enviar sanciones administrativas.
A la luz de este cuestionamiento, la imagen de Vélez Macuil podría sufrir otras afectaciones, al comparecer ante el Congreso de Puebla, ya que, de acuerdo a trascendidos, la asignación de convenios a medios digitales de escasa o dudosa penetración social representó una fuente alterna de ingresos.
Se dice, en el medio que cada portal o medio tenía que reintegrar a través de un intermediario el 50 por ciento del pago efectuado.
En general se estima que había alrededor de 50 medios implicados tanto de la zona conurbada como del interior, pero esa será una incógnita que tendrá que indagar la ASE, sobre todo en lo referente a los requerimientos legales y de probado alcance y penetración que deben reunir los medios para estar en condiciones de formar parte del padrón de proveedores de servicios del área que estuvo a cargo de Vélez Macuil.
