Saúl Hernández 
LA PASARELA / POR JORGE CASTILLO
Primero vino el escándalo.
Después la indignación en redes sociales.
Luego los espacios abiertos para contar una versión.
Más tarde aparecieron los videos.
Y finalmente llegaron las disculpas.
La historia de Ariana Ferretiz en San Andrés Cholula terminó convirtiéndose en una de las lecciones más claras de cómo funciona hoy el juicio público: primero se sentencia, después se investiga.
Durante varios días, la conversación estuvo dominada por una narrativa que parecía inamovible.
Una mujer arrestada frente a sus hijos.
Una denuncia de abuso policial.
Una historia con todos los ingredientes para provocar indignación inmediata.
Las redes sociales hicieron lo suyo.
Los comentarios se multiplicaron y las condenas llegaron de manera instantánea.
La autoridad apareció como villana y la detenida como víctima.
Pero aparecieron más videos.
Aunque se habla de la ilegalidad de la publicación de ellos, lo cierto que era la única defensa de las oficiales que estaban sufriendo escarnio público.
Comenzaron a circular grabaciones que ofrecían un contexto más amplio de lo sucedido.
Fue entonces que quienes habían corrido a respaldar públicamente una versión comenzaron a quedarse sin argumentos.
La diputada Nay Salvatori fue una de las voces que abrió espacios para que Ariana expusiera su caso.
Le dio micrófonos, visibilidad y una plataforma para denunciar lo que consideraba una injusticia.
Sin embargo, conforme fueron apareciendo nuevos elementos, la propia legisladora marcó distancia.
Y es que la realidad tiene un problema para quienes construyen narrativas apresurada, tarde o temprano termina alcanzándolos.
Pero la historia no quedó ahí.
En medio de la polémica también apareció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Rosa Isela Sánchez Soya.
La titular del organismo decidió fijar postura en un asunto que ya había escalado a nivel nacional y que ocupaba espacios en medios locales y nacionales.
La escena llamó particularmente la atención.
Porque se trata de una funcionaria que no precisamente se ha distinguido por su apertura hacia los medios de comunicación.
Por eso resultó inevitable la contradicción.
Mientras tanto, los videos seguían haciendo su trabajo.
Y el edificio narrativo comenzó a derrumbarse.
Hasta que llegó el desenlace.
Una carta pública.
Una disculpa.
Un reconocimiento de hechos que contrastó con la narrativa inicial que había movilizado a miles de personas.
Hasta la dirigencia de Morena le pidió a Salvatori primero conocer todo el contexto antes de subirse a temas polémicos.
¡Que quemón!
Ahí terminó la historia.
El caso de San Andrés Cholula demuestra que los presuntos abusos de autoridad deben investigarse siempre.
También demuestra que las versiones de las partes involucradas no pueden convertirse automáticamente en verdades absolutas.
Porque la realidad suele ser más compleja que una publicación viral.
Tal como ocurrió esta vez.
Todo cayó por su propio peso.
