Saúl Hernández 
PUEBLA, Pue. 21 Diciembre 2022.- Verónica Vélez Macuil, titular de Comunicación Social del gobierno del estado, durante rueda de prensa en Casa Aguayo. //Imelda Medina/Agencia Enfoque//
*Las dependencias de Comunicación Social tanto en el gobierno estatal como en el Ayuntamiento de Puebla acumulan observaciones por más de 100 millones de pesos, sin que hasta la fecha se haya dictado una sanción definitiva ni aclarado su destino.
POR FERNANDO HOYOS
En los hechos, la Auditoria Superior del Estado tiene conocimiento de los hechos y lleva a cabo los procesos, pero desafortunadamente aún no se ha dado a conocer el resultado de los mismos.
En general, no hay una resolución firme que permita acreditar la culpabilidad o inocencia de los presuntos responsables, las sanciones que se impongan y en su caso, si se procederá de haber elementos a judicializar el caso.
Los temas son de evidente interés público y dejan en claro que independientemente de color de las administraciones existen observaciones que pueden derivar en procesos.
Luego del primer golpe a la corrupción, orquestado primero por Sergio Salomón Céspedes Peregrina y culminado por Alejandro Armenta en el caso del banco Accendo, contra Maria Teresa Castro Corro, el mensaje es claro, no se van a tolerar actos de corrupción, vegan de donde vengan.
El mensaje es contundente, no a la impunidad; castigo severo y ejemplar por desvio de recursos y abuso de funciones.
Ojalá este ejemplo sirva para destrabar casos que están pendientes de una resolución firme, ya sea por omisión o falta de acción, ya que parece que la justicia es selectiva o está “pendiente”.
En la expectativa hay dos personajes que son investigados y, hasta donde se aprecia, por falta de información pública no hay avances en ninguna de las dependencias encargadas de la impartición de justicia.
Se trata de Verónica Vélez Macuil, y de Fernando Cortés Betanzos, la primera funcionaria de comunicación del extinto gobernador Miguel Barbosa y el segundo en la misma área pero del ayuntamiento que encabezó Eduardo Rivera.
Aquí la Información.
Señalamientos y montos detectados
Durante la comparecencia del actual coordinador de Comunicación del Ayuntamiento de Puebla, Ricardo Gutiérrez Loyola, se reveló que la Contraloría Municipal remitió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al propio Ayuntamiento observaciones que suman 101.7 millones de pesos en la gestión encabezada por Fernando Cortés Betanzos al frente de la Coordinación General de Comunicación Social.
El desglose del monto incluye:
- 13.1 millones por “servicios profesionales, científicos y tecnológicos integrales”.
- 58.5 millones por difusión en radio, televisión y otros medios de programas gubernamentales.
- 30.1 millones por creación de contenido para internet.
Entre las anomalías destacan contratos sin especificación de servicios ni precios unitarios, pagos parciales antes de la entrega del trabajo y falta de documentación justificativa.
El caso del gobierno estatal
Por su parte, la excoordinadora de Comunicación Social del gobierno estatal, Verónica Vélez Macuil —quien despachó en la dependencia durante la administración del Miguel Barbosa Huerta— aparece en la mira de la ASE por un posible daño patrimonial cercano a los 26 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2022.
Una de las denuncias menciona que se entregaron más de 22 millones de pesos a medios de comunicación sin expedientes que acreditaran los servicios; otros 19.3 millones de pesos se habrían destinado a la producción de una canción promocional llamada «Tienes ganas de Puebla».
¿En el gobierno municipal, cuándo ocurrieron los hechos?
Los hechos corresponden principalmente al ejercicio 2023 en el Ayuntamiento de Puebla, en la etapa bajo la gestión de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, periodo durante el cual fueron revisados los contratos de la Coordinación General de Comunicación Social.
¿Cómo se actúa ante las irregularidades?
La ASE mantiene abiertos expedientes de auditoría contra ambas instancias. En el municipio, la documentación ya fue remitida para su dictamen final, y se espera que la contraloría establezca sanciones conforme al resultado.
En el caso estatal, el legislador Roberto Zataraín Leal denunció formalmente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla la entrega indiscriminada de 44 millones de pesos sin comprobación por parte de Vélez Macuil.
Contexto y relevancia
El uso de recursos públicos en áreas de comunicación social ha sido tradicionalmente un foco de riesgo en entidades locales. En Puebla, la suma de más de 100 millones de pesos con observaciones agrava la percepción de opacidad en el manejo de los presupuestos públicos.
Además, el hecho de que los responsables no hayan rendido cuentas públicas sobre las observaciones en cuestión, ni se haya informado sobre sanciones genera un vacío de rendición de cuentas preocupante para la ciudadanía.
Conclusión
Las áreas de Comunicación Social, tanto municipal como estatal, acumulan irregularidades documentadas que superan los 100 millones de pesos sin que se haya registrado un cierre claro, sanciones visibles o comunicación pública transparente del estado de los procesos.
Queda claro que el llamado a la responsabilidad y a la auditoría efectiva no es retórico: este es un periodo clave para ver si la rendición de cuentas realmente se traduce en acciones.
