The Puebla Times 
– En seis meses, el síndico Iván Cuautle Minutti acumuló un estudio no aprobado con erario de 250 mil pesos, un trato turbio de 1.5 MDP en el mercado Cosme del Razo, un boquete irregular de 20 MDP, juicios laborales por ineficiencia de 6 MDP y sobornos de 200 mil: lo convierten en el mayor lastre de San Pedro Cholula.
Por Daniel Romero
La máscara de «guardián de la legalidad» que Iván Cuautle Minutti portó durante su campaña se hizo añicos en apenas seis meses. Hoy, el síndico municipal carga un sobrenombre que lo retrata mejor: «Varguitas Dos». Igual que el personaje cinematográfico – experto en torcer la ley para su beneficio -, Cuautle instaló, sin autorización y a la vista de todos, un estudio de grabación dentro de la sindicatura; cámaras de alta definición y micrófonos direccionales valuados en más de 250 mil pesos. Vaya, dinero público para beneficio propio, violando así, desde sus primeros días, los principios de la 4T que dice abrazar.
Pero no es todo. El 17 de julio, cuando medios locales destaparon «el estudio de Varguitas», la indignación brotó y dejó al descubierto la ambición de poder de Cuautle. Un sondeo realizado en el corazón de San Pedro Cholula reveló lo evidente: para los vecinos, Cuautle ya no es un servidor público, sino un lastre que bloquea el desarrollo del municipio y usa el cargo como catapulta rumbo a la alcaldía de 2027.
Tres días después, más de cien locatarios del mercado Cosme del Razo marcharon hasta el Palacio Municipal, acusándolo de negociar – a puerta cerrada – la cesión de locales a la organización 28 de Octubre a cambio de 1.5 millones de pesos, cifra reportada por fuentes anónimas de manera extraoficial. El síndico intentó dar la cara, pero recibió a cambio un coro de «traidor a la 4T» y «argüendero».
La lista de agravios no termina en los sobornos o estudios financiados con el erario público. Regidores advierten un boquete financiero superior a 20 millones de pesos – 12 % del presupuesto anual de servicios públicos -, producto de transferencias fantasma y pagos duplicados que la Tesorería ya investiga. Expedientes laborales extraviados por «errores» de la sindicatura han derivado en juicios perdidos o a punto de perderse por otros 6 millones de pesos, mientras abogados denuncian que el síndico exige hasta 200 000 pesos para «agilizar» laudos.
No olvidar el 8 de julio, cuando un grupo violento intentó apoderarse del propio mercado; nueve detenidos después, las sospechas apuntaron de nuevo a la oficina de Cuautle Minutti: la Policía Municipal habría mirado hacia otro lado tras un acuerdo económico que – a voces y de forma extraoficial – se reporta engrosó los bolsillos del propio síndico.
Frente a este escenario, la presidenta municipal Tonantzin Fernández reiteró su política alineada con el gobernador Alejandro Armenta de «cero tolerancia a la corrupción»: «Ninguna persona servidora pública está por encima de la ley ni pondrá en riesgo la seguridad del municipio». En principio, Tonantzin Fernández tiene ante sí la oportunidad de legitimarse ampliamente y sacudirse un enorme lastre.
Lo que queda claro es que, en los hechos, Iván Cuautle se ha convertido en un auténtico lastre para la administración de San Pedro Cholula y en un mal que se requiere depurar, pues cada día con él en funciones equivale a más millones sin justificar y a litigios que drenan recursos destinados a los cholultecos. La ciudadanía ha dejado claro que no quiere más cuentas clandestinas ni boquetes millonarios: quiere un síndico que defienda, y no negocie, su futuro a costa de los demás.
