Saúl Hernández 
– Una franja de 402 km en el Río Grande y un segundo polígono en Yuma, Arizona, se suman al despliegue de 11 900 efectivos con facultad de retener a quienes crucen ilegalmente.
La orden firmada el 25 de junio por el Pentágono convierte sectores contiguos a la Base Conjunta San Antonio (Texas) y a la Estación Aérea de Marines en Yuma (Arizona) en áreas militares restringidas. Con este estatus, los soldados pueden interceptar y retener temporalmente a extranjeros que ingresen sin autorización mientras son entregados a la Patrulla Fronteriza, sin necesidad de que la Casa Blanca declare una emergencia nacional ni invoque leyes más severas.
El modelo no es nuevo: dos polígonos piloto operan desde abril y han arrojado resultados dispares. Solo cuatro personas fueron detenidas dentro de sus límites porque jueces federales en Nuevo México y Texas desecharon decenas de casos al considerar que los migrantes no sabían que pisaban zona militar. Aun así, 120 indocumentados se declararon culpables en la primera franja texana y las fiscalías de Nuevo México obtuvieron dos condenas el 18 de junio.
La nueva ampliación llega mientras los cruces irregulares caen a su nivel más bajo en dos años—efecto combinado del despliegue de 11 900 uniformados, la cancelación de las solicitudes de asilo dictada por la administración Trump y los controles reforzados por el gobierno mexicano. Funcionarios del Departamento de Defensa insisten en que los recintos militares son “herramienta jurídica intermedia” que evita medidas extremas, pero grupos de derechos humanos advierten posibles detenciones arbitrarias y falta de señalización clara.
El Pentágono anticipa la instalación de letreros multilingües y tecnología de vigilancia adicional para fortalecer los casos ante los tribunales. Mientras tanto, la Casa Blanca presume una frontera “más ordenada y segura” y no descarta habilitar nuevos sectores si los flujos migratorios repuntan en otoño.
