Saúl Hernández 
– Fallo 6-3 avala la orden ejecutiva de Trump y abre un plazo de 30 días para que los estados republicanos apliquen la medida, mientras juristas anticipan una nueva oleada de demandas.
La Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde a la directriz presidencial que impide otorgar ciudadanía automática a los hijos de migrantes sin autorización en 28 estados de mayoría republicana. La mayoría conservadora sostuvo que los tribunales inferiores excedieron su jurisdicción al bloquear de forma nacional la orden y dejó intacta la interpretación tradicional de la 14. Enmienda… por ahora.
La resolución no es retroactiva: sólo afectará a los nacimientos posteriores a su entrada en vigor dentro de un mes. Los 22 estados gobernados por demócratas seguirán aplicando el principio de ius soli, creando un mosaico legal que expertos prevén impugnado distrito por distrito.
Impacto potencial
• Según el Pew Research Center, más de cuatro millones de niños nacidos en EE. UU. tienen padres indocumentados; la mitad es de origen mexicano y reside, en buena parte, en Texas, Florida y otros estados que adoptarán la restricción.
• Organizaciones civiles alertan de un aumento de la apatridia y de disputas administrativas en hospitales y registros civiles.
Reacciones encontradas
La procuradora conservadora Pam Bondi celebró que la Corte “frene el alud de amparos nacionales contra el presidente”. En contraste, la constitucionalista Deborah Perlstein calificó de “licencia para litigar” la decisión: los casos volverán a cortes de distrito y podrían reaparecer ante el Supremo el próximo periodo de sesiones.
Lo que sigue
—Los gobernadores republicanos deberán legislar o emitir lineamientos para negar actas de nacimiento federales.
—Defensores de los derechos de los migrantes preparan demandas colectivas que alegan violación de la igualdad de protección y de la cláusula de ciudadanía.
—La Casa Blanca considera el fallo un avance clave para su agenda migratoria, pero admite que la batalla legal “está lejos de terminar”.
En un país partido por el mapa electoral, nacer del lado “incorrecto” de la frontera estatal será, a partir de julio, la diferencia entre ser ciudadano o vivir en un limbo legal que la Corte aún no ha desentrañado definitivamente.
