Saúl Hernández 
En un golpe significativo al legado económico de Donald Trump, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró el pasado miércoles 28 de mayo, la nulidad de los aranceles masivos que el presidente Donal Trump impuso. La resolución, adoptada por unanimidad, considera que dichas medidas comerciales excedieron los límites legales y constitucionales del poder presidencial.
La sentencia responde a dos demandas que cuestionaban la legalidad de los aranceles decretados bajo justificaciones de emergencia nacional. Según el tribunal, Trump actuó sin la debida autorización del Congreso, utilizando la política arancelaria como una herramienta personal y volátil, que puso en jaque la estabilidad económica del país.
Con sede en Nueva York, el tribunal compuesto por tres jueces –nombrados por presidentes de distintos partidos, incluido el propio Trump– invalidó una amplia gama de gravámenes, entre ellos los del 25% a productos de México y Canadá, y los dirigidos a China bajo la excusa del fentanilo y la migración. También quedaron sin efecto los conocidos como «aranceles recíprocos», presentados por Trump como una estrategia de presión global.
Los jueces fueron claros: “Si estas órdenes arancelarias son ilegales para algunos, lo son para todos. Su aplicación queda prohibida de manera permanente”. Esta decisión marca un parteaguas en la política comercial reciente de Estados Unidos, al desmantelar uno de los pilares del enfoque proteccionista que caracteriza al presidente.
Aunque el dictamen tiene efecto inmediato, el tribunal otorgó un plazo de diez días para implementar administrativamente la anulación de los aranceles. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si la actual administración acatará plenamente el fallo en ese lapso o buscará dilatar su aplicación.
El Gobierno de Trump, por su parte, ha anunciado que apelará la sentencia, lo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, donde una mayoría conservadora podría influir en el resultado final.
Mientras tanto, los mercados reaccionaron con alivio. Los analistas temían que los aranceles profundizaran la amenaza de recesión e impulsaran aún más los precios al consumidor. Con esta decisión, se abre la puerta a una revisión más amplia de las competencias presidenciales en materia de comercio internacional y se plantea un debate sobre los límites del poder ejecutivo frente al legislativo.
Aunque la sentencia no afecta otras tarifas impuestas al acero, el aluminio y ciertos productos industriales, sí deja en claro que la política comercial basada en decretos unilaterales enfrenta límites jurídicos sólidos.
Este fallo, más allá de sus efectos inmediatos, podría redefinir el marco legal de la política arancelaria en los años por venir.
