Saúl Hernández 
En el estado de Puebla ediles y ex ediles están bajo la lupa, sin distinción de filiación política, como lo demuestra la reciente aprehensión, por ejemplo de los ediles de Esperanza y Tepeyahualco.
Una acción que ha puesto nerviosos a ex ediles de oposición.
Por ejemplo, el ex edil de Cuautlancingo, Filomeno Sarmiento Torres, quien promovió un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal para evitar una posible orden de aprehensión o el de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, quien mantiene un perfil bajo, sin hacerse presente ante la opinión pública.
Lo que hay que tener claro que sobre algunos ediles actuales y del pasado, no solo hay indagatorias por parte del gabinete de seguridad, como parte del operativo enjambre, sino también por parte de la Auditoria Superior de la Federación, por lo que hace a la aplicación de recursos federales de los que deben da cuenta. Una acción en la que la Auditoría Superior del Estado, toma parte como instancia coadyuvante.
De ahí que lo señalado por una parte por el gobernador Alejandro Armenta Mier y por el otro, por la fiscal general Idamis Pastor, deba entenderse como una señal inequívoca de que en el futuro inmediato y de mediano plazo, habrá nuevos procesos legales y administrativos contra ediles y ex ediles, ya sea por sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado o bien por no aplicar de manera adecuada los recursos federales que les son suministrados, vía la administración estatal.
El mensaje del gobernador Alejandro Armenta Mier fue claro y preciso. Afirmó que existen órdenes de aprehensión contra expresidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) debido a que incurrieron en delitos durante el desempeño de sus cargos.
Precisó que las investigaciones contra autoridades en turno o del pasado no forman parte de una persecución política, sino de la cero tolerancia a la impunidad.
Subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial deben actuar conforme a la ley contra aquellos servidores públicos o exfuncionarios responsables de delitos, sin importar a cuál partido político pertenezcan, ya que desde el Estado no se frenará ningún procedimiento legal.
Por su parte, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt señaló que la Fiscalia General del Estado mantiene abiertas más de cinco carpetas de investigación contra igual número de presidentes municipales en Puebla, por su presunta participación en diversas actividades ilícitas que han captado la atención de las autoridades tanto locales como federales.
Pero evitó revelar los nombres de los funcionarios bajo escrutinio o los delitos específicos que se les imputan.
Por otra parte, en un encuentro con alcaldes y el secretario general de la Auditoría Superior de la Federación, el gobernador Armenta Mier llamó a autoridades municipales a asumir su responsabilidad en la rendición de cuentas.
Las palabras de Armenta Mier expresadas en la apertura de auditorías integrales a recursos federales, tuvieron un propósito claro. Pidió a las y los ediles presentes que “no dejen en otros presidentes o presidentas, la responsabilidad de la rendición de las cuentas públicas”.
Resaltó que la fiscalización representa una oportunidad para poner en orden las cuentas y cumplir con la obligación de rendir cuentas ante la sociedad.
El panorama es claro para todas y todos los ediles del estado de Puebla.
