Saúl Hernández 
POR FERNANDO HOYOS
El coordinador del Gabinete estatal destacó inversiones sociales, avances en el proyecto del Cablebús y la defensa del gasto público frente a contratos publicitarios millonarios.
Agenda estratégica del gobierno
El coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, se ha consolidado como una pieza clave en la articulación de la agenda estatal, al dar seguimiento a proyectos sociales, de movilidad y transparencia financiera.
Durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, el funcionario informó que para 2026 se destinarán recursos importantes a programas enfocados en el bienestar social y la atención a mujeres.
Detalló que los Centros LIBRE recibirán una inversión federal de 42 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado destinará 29 millones de pesos para fortalecer las Casas Carmen Serdán.
Actualmente operan 44 espacios de este tipo en la entidad, donde más de 200 mil mujeres han recibido capacitación sobre sus derechos y herramientas para su desarrollo. Además, mediante el programa Abogadas de las Mujeres, más de 700 poblanas han obtenido asesoría jurídica y acompañamiento para acceder a la justicia.
Movilidad y uso responsable de recursos
En materia de movilidad, García Parra informó que continúan los estudios técnicos del proyecto de Cablebús que se analiza para la ciudad de Puebla.
El sistema contempla nueve estaciones y 90 torres, con capacidad para trasladar hasta 90 mil personas al día. De concretarse, permitiría reducir trayectos de hasta una hora y media a recorridos de entre 15 y 30 minutos, además de disminuir el gasto familiar en transporte público.
Las cabinas tendrán capacidad para 10 personas sentadas, contarán con internet gratuito, videovigilancia conectada al sistema C5 y espacios seguros para mujeres, niñas y niños.
En otro tema, el coordinador del gabinete señaló que el gobierno estatal rechazó solicitudes de contratos publicitarios por más de 2 mil 350 millones de pesos realizadas por TV Azteca.
Explicó que aceptar esas condiciones habría comprometido recursos destinados a seguridad, programas sociales, educación, deporte e infraestructura urbana, prioridades que actualmente impulsa la administración estatal.
