POR MANUEL FLORES
El ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, gobernado por Omar Muñoz Alfaro, ha sido tomado por un grupo familiar que controla desde los ingresos municipales hasta los medios locales, provocando denuncias de operar como un “negocio privado”.
Familiares cercanos ocupan cargos clave en la recaudación, adjudicaciones y comunicación social, mientras la contraloría, la transparencia y la rendición de cuentas parecen quedar fuera del alcance de la administración municipal.
La administración municipal de Cuautlancingo, Puebla, que encabeza Omar Muñoz Alfaro, enfrenta acusaciones crecientes de convertir el municipio en un coto familiar de poder político y económico.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, al menos diez personas vinculadas al círculo íntimo del edil ocuparían puestos estratégicos en la estructura del ayuntamiento.
El corazón del esquema no estaría en el presidente municipal. Sería Erik Muñoz Alfaro, su hermano, quien “quita y pone” funcionarios, distribuye presupuestos, define convenios mediáticos y controla la administración de facto.
Por ejemplo, en la Dirección de Ingresos la responsable es Michel Castellanos, cuñada de Erik Muñoz Alfaro; en Adjudicaciones aparece Adriana Minor Alfaro, prima del mismo Erik; en Egresos está la ex-niñera de los hermanos, designada sin experiencia técnica.
De manera más formal, el propio ayuntamiento sostiene que los cobros y trámites que realiza están respaldados por la ley y que se trabaja en “ordenar lo que estaba desactualizado”.
La tensión entre esta versión institucional y las denuncias de opacidad se vuelve más evidente cuando se verifica que la nómina municipal incluye al menos cinco familiares directos del alcalde con salarios que van de los diez a los treinta y seis mil pesos mensuales.
En el ámbito mediático, el control de los convenios con los medios de comunicación permitiría moldear la imagen pública del gobierno, mientras que los ingresos provenientes de multas, derechos municipales y recaudación se concentran en un circuito cerrado.
Para los ciudadanos, el resultado es una administración que promete “transformación”, pero que evidencia un debilitamiento de mecanismos de rendición de cuentas, supervisión y participación ciudadana. En su primer informe de gobierno, Muñoz Alfaro aseguró que la “decisión está en el pueblo sabio” y que sería la ciudadanía quien decidiría si continúa la “transformación”.
El escenario político y social de Cuautlancingo deja a la vista un dilema: ¿está funcionando el gobierno para los ciudadanos o para un entramado privado con poder público? La pregunta se torna urgente cuando el municipio, con más de 150 colonias y una recaudación estimada en cientos de millones al año gracias al parque industrial Finsa y los fraccionamientos conurbados, se convierte en pieza estratégica para intereses locales.
Ahora, corresponderá a instancias como la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) y la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla valorar si derivan de estos hechos investigaciones formales, auditorías y sanciones efectivas. Los vecinos de Cuautlancingo ya han expresado su inconformidad ante la falta de transparencia y la percepción de impunidad.
