Saúl Hernández 
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades y un presunto daño patrimonial por más de 42.9 millones de pesos durante el primer año de gobierno de Eduardo Rivera Pérez.
La dependencia revisó el 80 por ciento de los recursos erogados en el ejercicio fiscal 2022 del gobierno de la capital poblana. Lo que representó un total de mil 555 millones 484 mil 561 pesos durante dicho año.
Inspeccionó la cuenta pública del ayuntamiento, control interno, ingresos, egresos, adquisiciones y servicios; así como las obras públicas y el desempeño.
Emitió nueve pliegos de observación en los que se acumuló un probable daño patrimonial por 42 millones 932 mil 394 pesos.
La ASE detectó irregularidades en 2.7 pesos de cada 100 erogados por el gobierno de Rivera Pérez.
En el primer pliego de observaciones señaló un posible daño patrimonial por cinco millones 172 mil 413 pesos con la venta de cinco mil 602 vehículos chatarra.
El ayuntamiento omitió presentar la documentación de la subasta. Además, no existe certeza de que se hayan adjudicado los más de cinco mil vehículos, ya que se encontraban “apilados, amontonados y prensados entre sí”.
También se detectaron irregularidades en la compra de “box lunch” por un monto de dos millones 850 mil pesos.
No se constató que la empresa Arky Joman cumpliera con el contrato de cuatro millones 850 mil pesosm que se destinó para el servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo, e iluminación de 73 fuentes del municipio.
Por otra parte, la ASE detectó un presunto daño patrimonial por 20 millones de pesos, dentro del contrato de “Servicio de otros arrendamientos para el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla”.
La empresa Remedios Producciones y Asociados, a quien se le adjudicó la renta de arcos de bienvenida, renta de equipo de audio y renta de sanitarios portátiles, pero no existe documentación que ampare que dichas rentas se realizaron.
Y se detectaron irregularidades en la contratación de “Asesoría y consultoría a la Contraloría Municipal en materia de responsabilidades administrativas”.
El Ayuntamiento de Puebla tiene 30 días para solventar las irregularidades detectadas, contados a partir de que fue notificado.
