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El estigma de la trata de personas que durante años ha representado una carga social para Tlaxcala, se minimizó en los reportes oficiales y prácticamente ha dejado de reportarse.
En principio hay que considerar que, de acuerdo a cifras oficiales, de enero a octubre de 2022 en Tlaxcala se abrió una carpeta de investigación por trata de personas, en tanto que en el resto del país se iniciaron 669 expedientes relacionadas con ese ilícito.
Por ello, entre otros factores, recientemente, la activista tlaxcalteca Yeny Charrez Carlos denunció en el Foro Nacional: Acceso a la Justicia para las Mujeres (que se realizó los días 29 y 30 de mayo) las irregularidades gubernamentales en Tlaxcala para ocultar el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual y la violencia de género.
Yeny Charrez señaló que dos menores de edad fueron víctimas de trata de personas por una maestra adscrita al sistema de educación pública y vinculada a una red de trata.
Pero a pesar de la denuncia, la docente todavía da clases en el plantel.
La activista cuestionó el discurso de Lorena Cuéllar en la materia, porque desde su perspectiva busca ocultar el problema de trata y desaparición de mujeres al señalar en espacios públicos que no existe y que los casos de mujeres desaparecidas son porque se van con el novio.
En el plano personal, expuso que es objeto de presión y persecución por parte de la autoridad estatal, después de que la despidieron del cargo público que tenia como directora del Centro de Justicia para Mujeres (CJM).
Ello, como consecuencia de la denuncia que hizo por el mal manejo de los recursos del Conavim transferidos a Tlaxcala, por lo que además la despidieron.
Una acción que, de acuerdo al secretario de Gobierno, Sergio González Hernández fue un asunto de carácter totalmente laboral, que no tuvo nada que ver con ningún otro tipo de connotación o consigna.
Pero, en el marco de su despido mediante una transmisión por Facebook, desde su cuenta personal, Yeny Charrez Carlos, informó que personal del Órgano de Fiscalización Superior y de la Procuraduría General de Justicia del Estado acudieron a las inmediaciones para dar cumplimiento a su supuesta renuncia.
Estableció que no renunciaba, al tiempo que se políticamente se deslindó de Morena.
Además, denunció que la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán no destinaba el recurso federal correspondiente para el CJM lo que, evidentemente, entorpece el quehacer en la defensa de las mujeres en la entidad.
Este episodio además de exhibir como se trata de minimizar la trata de personas en Tlaxcala, dejó en claro un caso de despido que a todas luces es cuestionable, por la forma en la que se realizó y el trasfondo que tiene.
